El Consell de la Generalitat aprobó el pasado día 5 de enero un gran paquete de recortes (publicado el día 10), que supone una nueva agresión al personal del sector público y a los servicios que se prestan. Es el mayor ataque de la historia; ninguna otra Comunidad lo ha realizado con este alcance, por lo que sólo nos queda contestar de forma contundente y conjunta a esta nueva agresión.Pretenden ahorrar más 1.000 millones de euros de la forma más fácil, recortando salarios y servicios. Quieren recortar salarios del personal docente y sanitario, enviar al paro durante el verano al personal interino docente, reducir la jornada a 25 horas al personal interino de la Administración del Consell y de la de Justicia, y de todas las empresas, entidades y fundaciones del sector público valenciano, y poner límites a las reducciones de jornada, así como eliminar los derechos a días de vacaciones y de descanso, a determinadas prestaciones sociales y la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación.
Y todo eso, vulnerando los convenios colectivos de aplicación al personal laboral y la negociación colectiva y recortando en personal, prestaciones y servicios públicos No contentos con eso, el Consell ha allanado el camino para despedir hasta un 25% del personal interino de los diferentes sectores, lo cual puede afectar a miles de personas, aumentar las cifras del paro y deteriorar todavía más la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía valenciana.Las medidas aprobadas no pretenden ni racionalizar ni ordenar las administraciones públicas ni el sector público, sino hacer caja a echándole mano al salario de las trabajadoras y trabajadores. Nos oponemos frontalmente a todas esas medidas y por eso anunciamos una serie de movilizaciones que se van a mantener en el tiempo para que el Consell retire el Decreto-ley.
El gobierno valenciano ha despilfarrado y ha dilapidado los recursos públicos con una política clientelar basada en los grandes acontecimientos que no han generado riqueza ni empleo; la especulación urbanística, que ha supuesto el enriquecimiento de unas pocas personas a expensas de la destrucción del territorio, y la privatización de servicios públicos con el desvío de recursos a empresas privadas que obtienen beneficios a expensas de las arcas públicas.
Las cinco organizaciones sindicales han decidido llevar a cabo medidas legales para que se retire el decreto porque están convencidos de que se han vulnerado derechos y la legalidad vigente. Pretenden que se depuren todas las responsabilidades políticas por la mala gestión realizada, por lo que pedimos que dimita o sea cesado, el Consejero Vela, responsable directo en la elaboración y ejecución de los presupuestos en las últimas legislaturas.Los sindicatos consideran necesaria una respuesta dura y contundente de las trabajadoras y trabajadores del sector público y del conjunto de la ciudadanía para obligar al gobierno a rectificar. Por eso, hacemos un llamamiento a la participación masiva y activa en todas las acciones unitarias de protesta y presión que se convoquen, tanto por los sindicatos firmantes como por los órganos unitarios de representación del personal –juntas de personal y comités de empresa del sector público valenciano.
Firman este comunicado: CCOO – CSIF - FSES - Intersindical - UGT
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